La noticia que más me impactó en la semana

Estas últimas dos semanas el Instituto de Normalización Provisional (INP) estuvo al tope de la noticia. Primero, su jefe en Quillota y Petorca, Walter Gómez Bernal, de 53 años, estuvo encabezando la entrega del bono de 40 mil pesos a las familias vulnerables.

Pero el martes el directivo subió nuevamente a la palestra, aunque esta vez desde el plano de tribunales, involucrado en un caso de violencia intrafamiliar contra su esposa, vulnerando claramente la posición del Gobierno de Michelle Bachelet ante la violencia contra la mujer.

Todo quedó al descubierto en el Tribunal de Garantía de Quillota, a eso de las 10 horas de ese día, cuando Walter Gómez llegó como imputado a una citación. La audiencia, bajo la representación del abogado defensor público Claudio Peñaloza, tenía como efecto formalizar al funcionario por el delito de lesiones menos graves en el contexto de violencia intrafamiliar.

Los hechos investigados por el fiscal jefe Pablo Bravo se remontan al sábado 24 de enero, cuando a eso de las 23:30 horas Walter Gómez se encontró con su cónyuge en una calle de la población “Los Paltos”.
Discutieron y el jefe del INP la insultó, para luego golpearla con puñetazos y puntapiés, provocándole lesiones menos graves consistentes en contusiones y hematomas en el rostro y brazo derecho.

Días antes de la audiencia del martes la mujer, que está separada de hecho hace un año del directivo, había comunicado a la Fiscalía Local su intención de desistir de la causa para evitar una condena. Esto porque si era declarado culpable en un proceso judicial debería renunciar de inmediato a su trabajo, porque la simple condena lo inhabilita para ejercer cargos públicos.

De esta forma, el Ministerio Público ofreció una suspensión condicional del procedimiento, donde Walter Gómez aceptó su responsabilidad, por lo que si no reincide durante un año el caso se extingue sin condena alguna. De todas formas quedó con la medida cautelar de no acercarse ni a la víctima ni a su domicilio por ningún motivo.

SU VERSIÓN
Ayer, “El Observador” logró contactar por teléfono a Walter Gómez, quien está con licencia médica desde el miércoles y hasta la próxima semana, a causa de una intervención odontológica. Lo primero fue dejar claro que no se referiría a los temas investigados y ya zanjados por el Ministerio Público, porque “fue un error de mi vida privada, y mi mujer se retractó de ello”.

De todas formas sí se refirió a su posible futuro laboral dentro del organismo de Gobierno, donde “no debería haber sanciones porque esta situación no llegó a condena. No tiene nada que ver lo laboral con lo privado”. Informó además que el miércoles informó por escrito lo ocurrido a la dirección regional.

SANCIONES
Luego de conocido el hecho en Valparaíso, hubo silencio de las autoridades. Al ser consultada el miércoles por este medio la Seremi de Gobierno, Caty Orellana, se mostró sorprendida con la noticia.

“Lamento lo ocurrido, especialmente por ser un funcionario público, que tiene que mantener una conducta acorde, y más cuando estamos contra la violencia por atentar contra la dignidad humana. Por eso llamo a los funcionarios públicos a mantener un ambiente de armonía en el trabajo y en el hogar”.

Si bien no quedó con antecedentes penales, se supo que Walter Gómez puede ser amonestado o destituido. Pero la medida más probable es que por estos días el propio Intendente Regional, Iván de la Maza, le pida la renuncia como sanción política.